El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró en desacuerdo con la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, quien expresó preocupaciones respecto a la reforma al Poder Judicial. AMLO rechazó responder formalmente a la carta de la ONU y cuestionó la legitimidad de sus organismos, señalando la existencia de «mucho turismo diplomático» y argumentando que México es un país independiente que no necesita intervención externa en sus asuntos constitucionales.
Durante su conferencia de prensa, López Obrador manifestó que no responderá a la carta de Satterthwaite porque considera que los organismos de la ONU no actúan con responsabilidad. Criticó la falta de atención a conflictos internacionales y describió a la ONU como una entidad con «demasiada diplomacia improductiva».
«Muchos de los conflictos internacionales se originan porque no los atienden los organismos de la ONU ni la ONU. Hay un dicho político que se aplica en este caso: problema que se soslaya estalla», declaró el presidente.
El mandatario defendió la reforma al Poder Judicial, asegurando que no viola la constitución. Destacó que el Ejecutivo tiene la capacidad de enviar reformas constitucionales y que el Poder Legislativo tiene la facultad de discutir, modificar y votar las iniciativas.
López Obrador sugirió que las críticas de la ONU podrían estar influenciadas por intereses de oligarquías globales que controlan estos organismos.
En su carta, Margaret Satterthwaite expresó preocupaciones sobre tres aspectos principales de la reforma: la elección directa de jueces, magistrados y ministros; la falta de limitaciones para la reelección; y la elección extraordinaria que podría alinear a magistrados con el gobierno entrante.
La experta también destacó que la reforma se da en un contexto de intimidaciones a jueces y reportes de interferencia en la independencia judicial mediante ataques verbales y amenazas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Satterthwaite advirtió que el nuevo método de selección podría llevar a que los candidatos busquen complacer a votantes o patrocinadores de campaña sin mecanismos adecuados para evitar el financiamiento ilícito, lo cual podría influir en su reelección.
López Obrador, sin embargo, desestimó estas preocupaciones y reiteró que la reforma es un proceso legítimo dentro del marco constitucional de México.
