El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su «Plan C» con el objetivo de “transversalizar” la austeridad republicana y eliminar duplicidades en la administración pública. La iniciativa, presentada el 5 de febrero ante la Cámara de Diputados, propone la extinción de siete organismos constitucionalmente autónomos, a los cuales se han destinado 32 mil 313 millones de pesos entre 2018 y 2024.
Los organismos afectados serían el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Según el proyecto de reforma constitucional, las funciones de estos organismos serían asumidas por dependencias de la administración pública federal. Los ahorros generados por su eliminación se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
«El presupuesto total otorgado a estos organismos entre 2018 y 2024 equivale a 5 millones 385 mil 591 pensiones bimestrales para personas adultas mayores», señala la exposición de motivos de la iniciativa. De los 32 mil 313 millones de pesos asignados a estas instituciones en los últimos siete años, más de una tercera parte, 11 mil 451 millones, correspondieron al IFT, mientras que 6 mil 908 millones fueron para el INAI.
La Cofece ejerció 4 mil 341 millones de pesos; Mejoredu, 3 mil 134 millones; el Coneval, 2 mil 908 millones; la CRE, mil 912 millones, y la CNH, mil 655 millones.
López Obrador argumenta que «durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y nuevos organismos que duplicaban funciones del Ejecutivo Federal». Por lo tanto, bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos organismos.
La reforma propuesta trasladaría las funciones y personal del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Las atribuciones del INAI en materia de transparencia y acceso a la información pasarían a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, en lo referente a partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE). Las funciones de la Cofece serían absorbidas por la Secretaría de Economía; las de la CRE y la CNH, por la Secretaría de Energía; las de Mejoredu, por la Secretaría de Educación, y las del Coneval, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Adicionalmente, el «Plan C» incluye un proyecto de reformas para simplificar la estructura orgánica del gobierno federal, proponiendo la extinción, fusión o integración de 17 órganos desconcentrados, organismos descentralizados y unidades administrativas.
Entre las instancias señaladas para desaparecer están la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Otros organismos incluidos en la propuesta son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Economía Social, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. También se propone la desaparición del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y la Dirección General de Publicaciones.
