Desde hace 23 años, Andrés Manuel López Obrador nos ha dejado muy claro que estar en campaña es lo suyo. Sin duda, es su mayor fortaleza. No ha dejado de hacerlo y no dejará de promover su proyecto político, lo permitan o no las leyes.Por eso quería cambiar las reglas del juego electoral, a fin de evitar la interposición de la norma en su camino.
Pero no pudo, no logró ninguno de los dos planes, ni el A ni el B. Por un lado, el propio pueblo votante no le dio los suficientes legisladores en ambas cámaras del Congreso dela Unión para modificar la Constitución y, por otro lado, el desaseo en el que incurrieron para aprobar la modificación a las leyes secundarias derribó sus posibilidades.
Ahora tendrá que jugar con las reglas ya establecidas. Aquellas que imponen límites, contrapesos, supervisión y sanción a la injerencia del Poder Ejecutivo en los procesos electorales. Y eso no le agrada ni le conviene en nada, más todavía cuando adelantó los tiempos sucesorios fuera de lo que establecen las normas. Para seguir en campaña no tiene de otra que, como él ha dicho que ocurría en el periodo neoliberal, cumplir con la ley en la forma para violarla en el fondo.
Explico, las leyes secundarias vigentes establecen los tiempos para que los partidos políticos lleven a cabo sus procesos internos para la selección de sus candidatos a puestos de elección popular, incluyendo las precampañas, límites de gastos y rendición de cuentas sobre los recursos ejercidos. Las llamadas “corcholatas presidenciales” ya se han dedicado a promover su imagen con miras a la contienda interna y a partir del próximo lunes desarrollarán actividades proselitistas previas al levantamiento de las encuestas, con base en las cuales supuestamente se llevará a cabo la designación de quién encabece la candidatura presidencial, no solamente de Morena, sino también de sus partidos aliados, sin que se haya abierto el plazo legal para que los partidos definan si van en algún tipo de alianza, que las leyes establecen.
Ese es la realidad, que viola las disposiciones legales. Pero la forma, con la que tratarán de evadir el cumplimiento de las leyes en el fondo, es la presentación pública y formal del proceso sucesorio. Lo que van a elegir los ciudadanos es, formalmente, un coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. En los hechos elegirán, realmente, al precandidato de la alianza partidista. Por lo primero, esperan no poder ser sancionados por las autoridades electorales, pues inscriben este proceso en las actividades ordinarias de sus partidos y no en las actividades de campaña. Por lo segundo, sí podrían ser sujetos de sanciones.
Como sea, la intención es clara: lograr el objetivo de seleccionar a su candidato o candidata, presentando el proceso como una actividad partidaria ordinaria, cuando se trata de un proceso interno, que debiera cumplir con los requisitos contenidos en las leyes y que, por supuesto, no se cumplirán.
Viendo un poco a futuro, aun cuando su proceso fuera declarado ilegal e inválido, López Obrador habrá logrado su objetivo. Tener ya una definición de quién será su sucesor y seguir en campaña rumbo a las elecciones del 2024. Ese es el pragmatismo al que se refería cuando espetó: “que no me vengan con que la ley es la ley”.
Y para iniciados
Ahora sí vienen los tiempos de definiciones. Las y los aspirantes a las candidaturas para gobernador por Morena y sus aliados recibirán la instrucción de que deben concentrarse en apoyar el proceso para la selección de la corcholata presidencial. Tendrán que definirse y jugársela por alguien de los seis que irán en la encuesta. Mantenerse al margen y no abrir sus cartas, no aparecerse en público con alguna o algunos de ellos para dar a conocer con quién van, no será la mejor de las ideas puesto que, en política, como dice en la Biblia, no podemos seguir a dos amos, frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios los vomito.
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