A fin de salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social y contribuir con el cumplimento de las obligaciones fiscales de los entes públicos, Comisiones Unidas del Congreso mexiquense analizaron la iniciativa del diputado Gerardo Ulloa Pérez y de la legisladora Azucena Cisneros Coss para tipificar como delito la retención y/o la omisión en el entero de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) por parte de los sujetos obligados.
En reunión de las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, a propuesta de la diputada Myriam Cárdenas Rojas (PRI) y de la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, las y los diputados acordaron solicitar a la Junta de Coordinación Política las observaciones y comentarios del procurador fiscal y del personal de la fiscalía.
El diputado Gerardo Ulloa detalló que, de acuerdo con el Informe Anual 2020 presentado por el Issemym, al 31 de diciembre de 2020 se obtuvieron ingresos totales por 25 mil 313.2 millones de pesos (mdp) y se emplearon 26 mil 579.6 mdp, lo que representó un déficit de mil 266.4 mdp. Por esta razón, el instituto de salud ha buscado alternativas para capitalizarse, entre estas, la subasta de 22 inmuebles mediante los cuales espera recibir al menos 328 mdp, que no ayudarían a sanar sus finanzas, pues solo representaría 25.9 por ciento del total del déficit.
Sumado a lo anterior, la omisión en el entero de cuotas y pagos de aportaciones de seguridad social por parte de los entes públicos ha generado adeudos de por lo menos 24 municipios, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y de los cuerpos auxiliares del Estado de México, indicó.
Además, la Auditoría Superior del Estado de México señaló que los resultados de la última revisión al Issemym arrojaron una solicitud de aclaración por mil 686 mdp en las cuotas y aportaciones por cobrar, cantidad que, de recuperarse, sería suficiente para equilibrar las finanzas del instituto, afirmó el legislador, quien precisó que las y los trabajadores cumplen con su obligación y saben que parte de este recurso servirá para su retiro.
Sin embargo, es común que los entes públicos omitan estas aportaciones y enteren las cuotas de seguridad social, lo que perjudica las finanzas del Instituto, así como los derechos y prestaciones del personal público y su familia, por lo que se propone tipificarlo en el Código Financiero como un delito especial, esto es, agravar la conducta y sus consecuencias al reconocer al régimen de seguridad social como un bien jurídico esencial y como un derecho humano.
En este sentido, propone establecer un capítulo de delitos fiscales en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios y que el tipo penal sea ‘defraudaciones a los regímenes del Issemym’, para diferenciarlo del tipo genérico de defraudación fiscal, por lo que los entes públicos estarían obligados a la reparación del daño equivalente al monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social, cuyo entero pago hayan omitido.
El delito de defraudación al Issemym, informó, se sancionaría con un incremento de la pena con el doble de lo establecido para el delito de defraudación fiscal. La diputada Mónica Álvarez, quien fungió como presidenta de la reunión, consideró que la reforma es una manera de combatir de manera frontal la corrupción y obedece a salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos en un derecho básico que es a la seguridad social, por lo que invitar a la Fiscalía para que den sus puntos de vista de la iniciativa.
La diputada Myriam Cárdenas consideró que no solo se debe hacer una observación como un delito fiscal, sino también como fraude de tipo penal. Afirmó que, es importante involucrar a la Fiscalía Anticorrupción para investigar si esta retención de recursos que no fue usada para el fin
específico se haya manipulado para otro fin y propuso recibir las aportaciones del procurador fiscal del Estado de México.
En su momento, la diputada Carmen de la Rosa Mendoza reconoció la importancia de combatir la corrupción en el Issemym, que proporciona servicios de seguridad social a 839 mil derechohabientes, entre servidores públicos pensionados, pensionistas y sus dependientes económicos, por lo que habló de la necesidad de realizar acciones urgentes para recuperar la viabilidad financiera y operativa del instituto. La diputada indicó que, de diciembre de 2020 a septiembre de 2021, el monto de las
cuentas por cobrar del Issemym aumentó 76 por ciento, al pasar de 2 mil 957 mdp a 5 mil 215 mdp en 2023, dato que permite apreciar el incumplimiento las instituciones públicas en el pago de las aportaciones y la posible defraudación de la que han sido víctimas los servidores públicos cuyas retenciones salariales no han sido entregadas al Issemym.
