La Cámara de Diputados ha aprobado un dictamen con más de 100 modificaciones a la reforma del Poder Judicial, presentada inicialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado. Entre las nuevas disposiciones, se destaca la introducción de un mecanismo de insaculación, comúnmente conocido como «tómbola», para seleccionar a los candidatos cuando el número de aspirantes a un cargo exceda el límite establecido.
En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, explicó que esta medida busca garantizar la paridad de género, asegurando que las mujeres tengan prioridad en los procesos de selección. «Quienes lleguen a la etapa final después de la evaluación y excedan el número de personas postuladas por cada poder serán seleccionados por sorteo, comenzando siempre por las mujeres», detalló Mier.
La reforma establece un proceso de selección gradual para los ministros, magistrados y jueces. En 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para elegir a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el 50% de los magistrados y las vacantes que surjan de retiros o prejubilaciones de jueces, según lo determine un informe del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Se prevé otra elección ordinaria en 2027, concurrente con las elecciones federales, para continuar con este proceso escalonado. El objetivo es garantizar que los cargos en el Poder Judicial sean ocupados por personas que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y de experiencia necesarios, evaluados por comités especializados.
El dictamen también contempla la creación de tres consejos de evaluación, uno en cada uno de los Poderes de la Nación, encargados de revisar los expedientes y antecedentes de los aspirantes para asegurar su idoneidad. Si los consejos determinan que hay demasiados candidatos cualificados para un cargo, se realizará un sorteo para reducir el número de participantes.
Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que esta medida es un mecanismo legal ya presente en el código civil mexicano, adaptado ahora para el proceso de selección pública de jueces y ministros. Los candidatos seleccionados por este procedimiento aleatorio pasarán luego por el Senado para ser aprobados y enviados al INE como participantes en la elección.
Otra de las novedades del dictamen es que los candidatos a los cargos judiciales no podrán realizar campañas ni propaganda tradicional. Solo se les permitirá participar en debates organizados por el INE o los medios de comunicación, donde podrán exponer sus conocimientos y propuestas.
Finalmente, se implementarán evaluaciones dobles: una antes de la elección y otra durante el primer año de desempeño en el cargo. Si el desempeño de un juez, magistrado o ministro no es satisfactorio, podrá ser removido. “El tribunal disciplinario los sancionará, revisará su trabajo, los capacitará, y si no cumplen, serán retirados”, concluyó Robledo.
Con estas reformas, el gobierno busca reforzar la transparencia y la equidad en el Poder Judicial, al tiempo que se asegura un proceso de selección riguroso para quienes ocuparán los cargos más importantes del sistema de justicia en México.
