El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios para tipificar el delito de omisión parcial o total de los sujetos obligados en cuanto a enterar las cuotas o cubrir las aportaciones de seguridad social al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), por lo que de configurarse defraudación
fiscal podrían aplicarse penas de 1.5 hasta 7.5 años de prisión, de acuerdo con el monto de lo defraudado.
Con la reforma, promovida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez y la diputada Azucena Cisneros Coss, se establece un mecanismo normativo para asegurar que las aportaciones y cuotas de seguridad sean cubiertas de manera oportuna por los sujetos obligados y no se desvíen los recursos para fines diversos a los de la seguridad social, así como que, en caso de incumplimiento, se sancione penalmente a los responsables.
El dictamen, expuesto por el legislador Gerardo Ulloa, señala que cuando exista incumplimiento derivado de la omisión de la persona titular o servidora pública responsable de enterar las cuotas de seguridad social retenidas a las y los trabajadores de instituciones públicas, se aplicará una multa de 20 a 40 por ciento de la contribución correspondiente.
Añade que, para el caso del delito de defraudación fiscal, cuando sea cometido por persona servidora pública que en ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las cuotas o aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, las penas podrán llegar a ser de entre 1.5 años a 7.5 años de prisión, dependiendo del monto defraudado.
Además, para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en el Código, será necesario que, cuando el delito de defraudación fiscal sea cometido por persona servidora pública que en ejercicio de sus funciones omita total o parcialmente el entero de las cuotas o aportaciones de seguridad social, siendo responsable de ello, presente la querella correspondiente la persona servidora pública del Issemym facultada para ello; así como que, en caso de incumplimiento de dicha obligación, será sancionada en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
En sesión deliberante, el diputado Gerardo Ulloa afirmó que la iniciativa, presentada desde 2021 y propuesta nuevamente en 2022, busca terminar con la impunidad y tratar de blindar las finanzas del Issemym para prestar su servicio de manera adecuada a la población conformada por 839 mil 105 derechohabientes.
Por lo anterior, subrayó que la reforma no es un asunto que se trate de cifras, sino de la salud de miles de familias y de un recurso que debió ingresar, sin dilación alguna, a las arcas del Instituto y que legalmente no debió ser usado para otros fines; y reprochó la tolerancia que ha existido hasta el momento en el tema, pues aseguró que solo ha acelerado el daño financiero.
Reconoció que la firma de convenio para el pago de mensualidades ha ayudado, pero no resuelve el problema ni previene de nuevos atrasos en el pago de cuotas; y compartió que para el 30 de septiembre de 2023 el adeudo total es de 5 mil 114 millones 750 mil 715 pesos, lo cual representa una reducción de 20 por ciento en solo tres meses.
Al respecto, el diputado Francisco Santos Arreola (PAN) celebró el dictamen por legislar un tema tan importante porque afirmó que han existido personas servidoras públicas omisas que han dañado financieramente al Instituto; compartió que hay 24 municipios en convenio que están saneando pasivos heredados por administraciones irresponsables que llevó a tener un servicio
deficiente a la ciudadanía por parte del Instituto; además de que hay cinco mil personas esperando por sus pensiones.
