Durante el dominio del entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional, diferentes prácticas no escritas se fueron regularizando en el ejercicio cotidiano de las campañas electorales. Una de las que cobraron notoriedad fue la del famoso “pase de la charola”.
El “pase de la charola” consistía en la solicitud para la cooperación con recursos que serían destinados a una determinada campaña electoral, de forma voluntaria en apariencia, pero que resultaban más bien en una exigencia, no conveniente de rechazar.
Podría hacerse en forma directa por el propio candidato o bien a través de terceros encargados de recolectar los recursos y, a veces, hasta de administrarlos. Incluso llegó a practicarse de manera corporativa, en colusión con los líderes sindicales, descontando a las nóminas de los empleados un porcentaje que podía ir de un ocho a un quince por ciento en plazos o fechas, también acordados por las cúpulas.
Instituir esta práctica al PRI no le fue tan complicado en términos legales como en los políticos, pues no existía una legislación que expresamente lo prohibiera, de tal suerte que grandes cantidades de dineros públicos y privados iban a parar a la promoción electoral de los bendecidos por el dedo presidencial con las candidaturas.
Tener el poder y el control suficiente al PRI para normalizar el “pase de la charola” le llevó su tiempo, aunque no dejó de generar molestias que se fueron acumulando entre quienes cooperaban más obligados que convencidos. Sin embargo, no se animaban a denunciar o quejarse más que en privado, pues sabían de las consecuencias que podrían padecer.
Ahora, Morena, logró hacerlo en los pocos años que lleva como primera fuerza electoral del país, sólo que fieles a sus tradicionales diferencias y disputas entre los grupos de la izquierda, así como de la existencia ya de normas específicas que prohíben o regulan, según el caso, “el pase de la charola”, la denuncia salió quizá de donde menos lo esperaban: de una recién ex funcionaria del gobierno federal.
Sanjuana Martínez, ventiló la solicitud que le hicieron de la entrega del 20%, ya no el 8 ó el 15, sino el vente por ciento del monto total de su liquidación para destinarlo a campañas electorales y otras linduras del proceder mafioso, amenazante, entre quienes se perciben como muy cercanos al poder presidencial y a su partido político.
Los enterados saben que el “pase de la charola” es una práctica regular, y más abusiva que en antaño, en la administración de la autodenominada cuarta transformación. Las quejas en privado son muchas. Sin embargo, el poder y la capacidad persecutoria del sistema es de tal magnitud que arredra a las víctimas.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya lo negó. Sanjuana Martínez lo ratificó. La oposición demandó investigación y castigo. El temor de que haya una sanción severa no se finca en la acción del gobierno, sino en que todavía existen el INE y los tribunales electorales. Ya veremos hasta dónde llegan unos y otros.
Y para iniciados:
Los equipos y promotores de las principales precandidatas al gobierno del estado de Morelos, Margarita González Saravia y Lucía Meza Guzmán, están empeñados en convencer al electorado de que una de las dos es la clara y definitiva puntera rumbo a la campaña electoral. Todos los días vemos publicaciones sobre encuestas que las colocan muy por encima en las preferencias electorales, unas veces una y, otras, la otra. De seguir así, si no logran que ninguna de las dos se perciba con una clara ventaja, al menos en la percepción mediática, la publicación de encuestas se volverá un referente irrelevante, difícil de creer.
La información es PODER!!!
