La reciente orden para eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) ha intensificado el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estar en desacato, argumentando que aún no ha sido notificada oficialmente sobre la suspensión definitiva que ordena eliminar dicha reforma. Además, anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra la jueza Nancy Juárez, quien emitió la orden. Sheinbaum también preguntará al Congreso si una jueza tiene la autoridad para anular la publicación de la reforma y no descartó un posible juicio político en su contra.
Por otro lado, la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, enfatizó que todos los ciudadanos, incluidas las autoridades, deben respetar las leyes para preservar la democracia y la división de poderes. Piña señaló que la reciente reforma judicial pone en riesgo la imparcialidad y los derechos humanos en México, ya que politiza la justicia.
Expertos en derecho constitucional alertaron sobre la posibilidad de una crisis constitucional si el Ejecutivo se niega a acatar las resoluciones judiciales. Señalaron que este tipo de desacato es un precedente peligroso en un Estado democrático, y destacaron que la reforma se emitió sin contar previamente con las leyes secundarias necesarias.
El 17 de octubre, la jueza Nancy Juárez, del Juzgado Decimonoveno de Distrito de Veracruz, ordenó a Sheinbaum y al director del DOF, Alejandro López González, eliminar la publicación de la reforma judicial en un plazo de 24 horas. Esta medida ha generado controversia, con especialistas recordando que en una democracia, las decisiones judiciales deben ser impugnadas legalmente, pero nunca ignoradas.
Analistas como Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtieron que no cumplir con resoluciones judiciales es un delito que pone al país al borde de una crisis constitucional. Según Reyes, en un gobierno democrático, las autoridades deben acatar las decisiones judiciales, aunque no estén de acuerdo con ellas, para luego impugnarlas. Sin embargo, el actual mensaje del Ejecutivo sugiere que solo cumplirán cuando las sentencias les favorezcan, lo que, según el experto, es un grave retroceso.
Por su parte, el también investigador Juan Jesús Garza Onofre afirmó que lo que está ocurriendo en México en las últimas semanas es algo inusual en una democracia, ya que el Ejecutivo está priorizando la política sobre el derecho, lo que podría tener consecuencias peligrosas para la estabilidad institucional del país.
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