El Congreso del Estado de México aprobó castigos de tres a seis años de cárcel, con posibilidad de elevarlas hasta en 9 y 11 años por difundir material de cadáveres que se encuentren bajo resguardo de una investigación.
La reforma, aprobada por unanimidad, eleva la pena hasta 11 años, por delito que cometa una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia.
Esta reforma busca la protección de las niñas, adolescentes y mujeres.
