Debaten en Congreso local sobre austeridad en Poder Judicial

By Redacción Lo Más Mx 5 Min Read

En el Congreso del Estado de México, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que la iniciativa de reforma al Poder Judicial reforzará la austeridad como deber y una política de Estado; Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, se pronunció por una suficiencia presupuestal; en tanto que el diputado Jesús Izquierdo Rojas, presidente de la Directiva de la LXI Legislatura mexiquense, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez coincidieron en que debe ser una reforma consensuada.

En el tercer foro de los Diálogos Nacionales para la reforma del Poder Judicial: Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial, organizados por el Congreso de la Unión, el senador Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, puntualizó que con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se respetará que nadie en la administración pública gane más que la persona titular del Ejecutivo federal y se eliminarán el haber de retiro y las pensiones vitalicias para ministras y ministros que concluyen con sus encargos.

Ante el diputado Elías Rescala Jiménez (PRI), presidente de la Jucopo de la LXI Legislatura mexiquense, Ricardo Sodi expuso que, frente a las carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia, no es posible hablar de austeridad, y afirmó estar en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto para una aplicación transparente y eficiente para acercarse a los estándares internacionales, con una mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo.

El legislador Jesús Izquierdo se pronunció por una reforma consensuada que beneficie a toda la población, fortalezca el estado de derecho y se adapte a las necesidades institucionales de las personas impartidoras de justicia; mientras que la gobernadora Delfina Gómez hizo votos para que de estos foros surjan acciones para consolidar una reforma integral y eficaz, con la que se garantice el acceso pronto y expedito a la justicia que proteja a todas y todos, en especial a personas más vulnerables; además, se pronunció por no afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial.

Asimismo, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Federal, subrayó que es una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial en los últimos 150 años con la que se busca, a través del diálogo, garantizar a la población el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita; mientras que el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal, indicó la Carta Magna impone un respeto a la autonomía de los poderes judiciales y los derechos de las y los trabajadores del sector, pero enfatizó que todo lo demás está a discusión.

El senador Ricardo Monreal abundó que actualmente las y los ministros en retiro son beneficiados con el 100 por ciento de sus salarios los primeros dos años y el 80 por ciento los siguientes años hasta su muerte y puntualizó que su sueldo tabular es de 300 mil pesos.

Que incluye aguinaldo de 568 mil pesos, seguro de vida de 12 millones de pesos (mdp), pago de defunción de un millón 189 mil pesos para gastos funerarios, pago por riesgo de 640 mil pesos, prima vacacional de 95 mil 474 pesos, derecho de contar con cinco personas de apoyo y cinco personas para seguridad cuyo salario absorbe el Poder Judicial, reembolso de compra de medicamentos y mantenimiento de dos vehículos tipo Suburban blindadas, apoyo de gasolina por 22 mil pesos mensuales, apoyo de peaje.

Además, aseguró que los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados, que se propone extinguir los fondos de los fideicomisos no previstos en una ley secundaria y que la elección de los mil 600 de las personas ministras, juezas y magistradas tendrá un costo entre tres mil y tres mil 500 mdp que pueden ser tomados de los 23 mil mdp que se tienen que entregar de los fideicomisos.

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