El día de ayer, Lucía Meza Guzmán, candidata opositora al gobierno del estado, dio a conocer una demanda en su contra que presentó el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.
Aunque todavía tenía que enterarse de las particularidades sobre el contenido de la demanda, pudo adelantar a los medios de comunicación, que se trata de un proceso civil en el que se le acusa de haber calumniado al vicealmirante en retiro, provocándole daño moral y, por tanto, perjuicios. Por ello, Ortiz Guarneros exige una retribución económica, cuya cuantía desconocemos.
Acompañada de los líderes partidarios del PAN, PRI, PRD y RSP que arropan sus aspiraciones políticas, lejos de intimidarse y retraerse, Lucy Meza reafirmó lo que hemos escuchado cuando analiza y señala las deficiencias de la estrategia de seguridad instrumentada en Morelos.
A las puertas del Tribunal Superior de Justicia, donde acudió al juzgado primero civil, habiéndose enterado a través del boletín judicial de la existencia de la demanda, la candidata, Meza Guzmán, se refirió a que la acusación es por “haber hablado públicamente sobre su incapacidad (la de Ortiz Guarneros, claro) para prevenir y reducir los delitos de alto impacto que se cometen a diario en el estado de Morelos.”
Pero fue más allá. Dijo que “Vergüenza debería tener el señor Guarneros de mantener a Morelos sumido en la violencia y en la inseguridad. Desde su llegada al estado no ha dado resultados positivos. Por el contrario, en los más de cinco años que lleva en el cargo se dedicó a debilitar la fuerza del estado.” Expuso cifras, que son las oficiales y que cualquier persona puede verificar en los bancos de datos del gobierno federal, mismas que muestran el enorme incremento numérico por cuanto a la mayoría de los delitos en la entidad.
Para Lucy Meza, como lo expresó, esta demanda revela el exceso y el abuso de poder en su contra. Se trata de una persecución política, con fines electorales. Lo que la senadora calificó como un atentado a la democracia, pretende silenciarla y reprimirla, lo que aseguró no pasará porque ella seguirá señalando el fracaso de la estrategia de seguridad en Morelos.
La senadora con licencia no omitió subrayar lo que no sólo es vox populi, sino consecuencia del mandato constitucional: el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo “es el culpable de la fallida estrategia de seguridad y de la violencia sin control que existe en el estado de Morelos, por haber designado y mantenido al señor Guarneros como comisionado de seguridad pública…”
En esto último no estamos tan de acuerdo, pues la designación de Ortiz Guarneros y su sostenimiento en el cargo es responsabilidad de las autoridades federales. A Guarneros no sólo le dieron inamovilidad, sino toda la manga ancha para operar. De ahí que se trajo a colaboradores de otras entidades federativas que, junto con la federación, son igualmente responsables del fracaso de la estrategia de seguridad.
De entrada, la presentación de una demanda de esta naturaleza en pleno proceso electoral y contra la candidata de la oposición ya nos pone a pensar. Y si la intención era debilitar la candidatura de Meza Guzmán, se equivocaron. La volvieron a victimizar y a darle argumentos para fortalecer su discurso crítico y opositor.
Y para iniciados:
Será interesante dar seguimiento al desenlace de la impugnación contra la candidatura plurinominal de Jonathan Márquez por haberse registrado como perteneciente a una comunidad indígena de Temixco. Para que el candidato del PRI pueda salvar su inscripción y posible elección, además de entregar la documentación, tendría que ser reconocido por la comunidad indígena a la que se refirió, a diferencia de Daniel Martínez Terrazas, hoy candidato de nuevo, a quien retiraron su constancia de diputado electo, porque los indígenas no lo reconocieron como tal. Una vez más, estos casos nos llevan a confirmar que hace falta una nueva reforma electoral, que precise criterios y llene vacíos.
La información es PODER!!!
