La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 21 de la Constitución, otorgando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la facultad de investigar delitos, una tarea que hasta ahora recae exclusivamente en el Ministerio Público, la Guardia Nacional y las policías.
Detalles de la reforma
Con 37 votos a favor, el dictamen propone que la SSPC no solo investigue delitos, sino que también coordine el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Este aspecto refuerza el papel de la secretaría liderada por Omar García Harfuch, quien ha sido cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum desde su gestión en la Ciudad de México.
La reforma constitucional ha avanzado con apoyo transversal. En el Senado, obtuvo respaldo tanto en comisiones como en el pleno, y ahora en la Cámara de Diputados también fue avalada por todas las bancadas, incluidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Reacciones y retos pendientes
A pesar del consenso, los partidos de oposición señalaron que esta reforma, aunque necesaria, es insuficiente. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano enfatizaron que será indispensable una nueva reforma que refuerce a las policías locales, consideradas clave en la estrategia de seguridad.
El dictamen también contempla que, en la próxima sesión ordinaria, se emita la Declaratoria de Publicidad para formalizar el proceso legislativo y avanzar hacia su promulgación.
Implicaciones de la reforma
De ser aprobada en el pleno, la SSPC adquirirá un rol más robusto en la estrategia de seguridad pública del país, consolidando su capacidad operativa e inteligencia para combatir delitos. Este cambio busca mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y fortalecer el combate al crimen organizado y otros delitos de alto impacto.
Sin embargo, expertos en seguridad advierten que el éxito de esta reforma dependerá de la adecuada implementación de políticas públicas y la capacitación del personal involucrado, así como de un presupuesto suficiente para fortalecer las capacidades locales y federales.
La iniciativa representa un paso importante en la reconfiguración del modelo de seguridad nacional, pero también pone sobre la mesa el reto de equilibrar las responsabilidades entre la SSPC, la Guardia Nacional y las fiscalías estatales.
