Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, respaldó este miércoles las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en torno a las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte. Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas», escribió Nichols en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Además, subrayó que tanto él como Salazar comparten un «profundo respeto por la soberanía de México».
El apoyo de Nichols se da en el contexto del paro nacional de labores de los trabajadores del Poder Judicial, quienes se oponen a la reforma judicial incluida en el Plan C de las iniciativas enviadas por López Obrador a la Cámara de Diputados en febrero de este año. El pasado 23 de agosto, Salazar expresó su desacuerdo con la propuesta de elección popular de jueces, parte central de la reforma.
Salazar afirmó que, aunque algunos aspectos de la reforma podrían ser válidos, «la elección popular directa de jueces no va a funcionar para avanzar en la democracia o para llevarnos a un Poder Judicial que de verdad tenga la fuerza para funcionar en todos los ámbitos que afectan al pueblo de México y al pueblo de Estados Unidos».
Ante estas declaraciones, varios legisladores de Morena reaccionaron, y el presidente López Obrador calificó los comentarios de Salazar como «desafortunados e imprudentes». Asimismo, anunció que su gobierno había enviado una nota diplomática para expresar su inconformidad. En respuesta, Salazar defendió sus palabras como parte de la colaboración bilateral, enfatizando la importancia de un diálogo honesto y abierto.
El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, también se sumó a las preocupaciones sobre la reforma, lo que llevó a López Obrador a anunciar una «pausa» en las relaciones con ambos gobiernos, aunque luego aclaró que esta medida aplicaba solo a las embajadas.
La reforma al Poder Judicial propuesta por López Obrador contempla la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, un proceso que podría iniciarse en 2025 si la reforma es aprobada. Además, propone reducir el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, con un mandato de 12 años, tres menos que el actual.
