La reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno federal podría tener graves consecuencias económicas, advirtieron expertos y juristas. Según Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, la reforma, que incluye la elección popular de jueces, podría desacelerar la economía al retrasar resoluciones judiciales y desalentar la inversión.
Moreno señaló que la rapidez en la resolución de juicios está vinculada con el crecimiento económico, destacando que en los estados mexicanos donde los conflictos se resuelven más ágilmente, el crecimiento ha sido mayor. La reforma, al permitir que incluso recién egresados se postulen como jueces, podría llevar a decisiones judiciales inexpertas, afectando sectores clave como energía y telecomunicaciones.
Además, la reforma podría amenazar la estabilidad del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Mariana Campos, directora general de México Evalúa, advirtió que la injerencia estatal en el Poder Judicial podría hacer que México sea visto como una «economía de no mercado,» lo que violaría varios capítulos del T-MEC relacionados con inversiones, derechos laborales y políticas anticorrupción.
Campos también alertó sobre los riesgos de que el crimen organizado influya en las elecciones judiciales, citando el alto costo de elecciones similares en Estados Unidos. Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó la falta de atención a la impunidad y la reducción presupuestaria para el Poder Judicial, lo que podría agravar la situación en los tribunales estatales, que ya enfrentan una carga significativa con recursos limitados.
