Las declaraciones de ayer de la senadora morenista y ex secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, con respecto a la invalidez del famoso Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son tan claras y fulminantes que deberían tener consecuencias para el bien de la democracia mexicana.
Con el uso del mismo razonamiento de los nueve ministros de la Suprema Corte, de la que ella formó parte de 1995 a 2015, confirmó la razón que tuvieron al desechar las reformas a diversas leyes, sin tener la necesidad de entrar, siquiera, a su estudio de fondo. Dijo, “… como el proceso estuvo atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, pues no se siguió un proceso limpio, transparente, en ambas cámaras, sobre todo en la cámara de origen -la de diputados- ¿qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección, ¿qué hicimos mal?, ¿qué tenemos que mejorar?, antes de echarle la culpa al vecino…”, o sea, echarle la culpa a la Suprema Corte como lo hicieron López Obrador y sus seguidores a ciegas.
Además de reconocer la franqueza de Sánchez Cordero, habría que distinguirla por su valentía al contradecir públicamente la versión oficial de Andrés Manuel y a Mario Delgado Carrillo, pues pocos son quienes, dentro de la autodenominada cuarta transformación, se han atrevido a señalar las equivocaciones cometidas en este sexenio.
La respuesta oficial a sus declaraciones, si es que la llega a haber, ya sale sobrando. Es tan previsible que el presidente pueda decir algo como “no creo que haya dicho eso, pero si lo dijo, tiene su opinión, pero no la compartimos”. Al margen de las consecuencias políticas para ella, en parte positivas para su imagen al desmarcarse del desaseo legislativo, y en parte políticamente negativas, pues sabemos que si algo le molesta al inquilino de Palacio Nacional es que le lleven la contra, lo cierto es que nos aportó evidencia sobre la forma autoritaria e ilegal de proceder, tanto del presidente como de sus legisladores.
López Obrador ha recordado, con el afán de fustigar a sus adversarios, que “la forma es fondo”, aforismo de don Jesús Reyes Heroles. Ayer declaró que los ministros desecharían el PAN B por cuestiones de forma y no de fondo. Y es cierto, la forma en la que se llevó a cabo no fue la correcta, los legisladores incumplieron con el proceso legislativo, para acatar la instrucción presidencial de aprobar de inmediato su iniciativa de reformas.
Pero no confundamos forma con discurso, porque el discurso del presidente, como el de todos los autócratas de la historia moderna, puede parecer democrático mientras, al mismo tiempo, su proceder, la forma y el fondo, son todo lo contrario. Tanto el Plan A (la reforma constitucional), como el B (la reforma a las leyes secundarias) y ahora el C (las campañas anticipadas para designar al sucesor presidencial, simulando una actividad partidaria interna y así preparar el camino para ganar las dos terceras partes del Congreso) son ilegales, verticales, excluyentes, alejadas del diálogo y el consenso que deberían prevalecer en una democracia.
Gracias a la existencia de instituciones autónomas e independientes del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador no ha podido consumar las tropelías que se ha propuesto para hacerse de un poder centralizado y casi absoluto, modificando las leyes a su conveniencia, bajo el mentiroso argumento de que lo hace para reducir costos, por el bien del pueblo y para combatir la corrupción. Como la forma es fondo, lo muestra el presidente todos los días, su verdadera doctrina es la misma de los conservadores. Es la hipocresía. El poder ya no está en manos de una mafia, sino de un mafioso resentido y autoritario.
Y para iniciados
En la emisión vespertina, de las cuatro de la tarde, voy a presentar para usted un documento oficial que comprueba el ánimo revanchista, la investigación contra adversarios del régimen y la forma de proceder del actual gobierno, que usa a las instituciones sobre las que tiene poder, para sus fines políticos, buscando desacreditar a aquellos que se han atrevido a no ser seguidores a ciegas del lopezobradorismo. Tan sólo adelanto que se trata de un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que comanda Pablo Gómez.
La información es PODER!!!
