Este 16 de octubre, el juez Brian Cogan cerró un capítulo importante en la historia judicial de México al sentenciar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a 39 años de prisión y a pagar una multa de al menos dos millones de dólares. García Luna, uno de los hombres clave en la lucha contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable en 2023 por cargos relacionados con el tráfico de drogas y corrupción.
En la audiencia celebrada en Nueva York, Cogan comparó a García Luna con Joaquín «El Chapo» Guzmán, el famoso líder del Cártel de Sinaloa, a quien también había sentenciado previamente. El juez expresó que, al igual que Guzmán, García Luna había usado su posición de poder como una fachada para encubrir sus actividades delictivas.
«Usted tiene esa misma neblina que ‘El Chapo’. Dicen que fue Policía del Año y que tiene más de 30 premios, pero todo eso fue una cortina de humo», afirmó Cogan durante la audiencia, destacando la duplicidad en la conducta del exfuncionario.
García Luna, quien ocupó uno de los cargos más altos en el gobierno mexicano encargado de combatir al narcotráfico, fue acusado de facilitar el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos mientras ocupaba su cargo. Cogan fue enfático al señalar que, aunque no era directamente responsable de todas las muertes relacionadas con el narcotráfico, sí fue un «gran facilitador» de dichas actividades.
La condena, que equivale a 466 meses en prisión, fue vista por muchos como una sentencia cercana a la cadena perpetua, ya que García Luna tendría 94 años al cumplirla. No obstante, aún tiene derecho a apelar la decisión y podría buscar una reducción de su sentencia en el futuro.
García Luna fue hallado culpable el 21 de febrero de 2023 por cinco delitos, que incluyen liderar una organización criminal y conspirar para traficar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Durante el juicio, la Fiscalía de Nueva York solicitó cadena perpetua, pero Cogan optó por una pena menor, aunque significativa.
Este fallo marca un precedente en la relación entre los altos mandos de seguridad mexicanos y el crimen organizado, exponiendo la profunda infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales del país durante los años más álgidos de la llamada «guerra contra el narco».
