El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una situación crítica tras recibir advertencias judiciales sobre posibles multas individuales de hasta 50 mil pesos para cada uno de los consejeros. Esto por no acatar las suspensiones judiciales que ordenan frenar la organización de la primera elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), programada para 2025.
El Consejo General del INE ha decidido no sesionar ni tomar decisiones adicionales hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita una resolución definitiva sobre su participación en el proceso. La suspensión de actividades por parte del órgano electoral comenzó a principios de octubre, cuando el INE se declaró en pausa por 15 días debido a la contradicción entre la nueva encomienda constitucional de organizar la elección y más de 70 suspensiones judiciales que lo impedían.
Multas y advertencias de prisión
Durante este periodo, los juzgados han emitido nuevas advertencias, incluyendo la imposición de multas más severas. En un caso reciente, un juzgado de Colima aumentó la sanción a 50 mil pesos para cada consejero, en caso de desacato. También se les ha recordado que podrían enfrentar penas de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Ante esta situación, el Consejo General del INE ha decidido mantener respuestas conjuntas frente a las notificaciones judiciales, argumentando que desde la primera suspensión no han sesionado ni tomado decisiones. Se ha pedido al Tribunal Electoral que determine de manera clara cómo debe proceder el instituto en el ámbito electoral ante estas suspensiones.
Pausa en la organización de la elección
Además de detener las sesiones, el Consejo General también ha postergado la reunión pendiente entre el INE, el Senado de la República y representantes de los tres poderes para avanzar en la organización de la elección. La Secretaría Ejecutiva del INE ha sido instruida para continuar con la impugnación judicial, buscando evitar responsabilidades legales para los consejeros.
A pesar de la pausa, las áreas técnicas del INE siguen trabajando en estudios preliminares sobre lo que se necesitaría para llevar a cabo la elección de jueces y magistrados, un proceso sin precedentes en México. El área jurídica del instituto está recopilando un informe detallado de las implicaciones legales de las suspensiones, para que el Consejo General pueda determinar las vías de acción sin incurrir en delitos.
¿Qué sigue para el INE?
La principal preocupación del Consejo General del INE es evitar sanciones legales tanto si siguen adelante con la organización de la elección, como lo establece la reforma judicial, como si obedecen las suspensiones judiciales que otros poderes han ignorado. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña tiene a su cargo la resolución sobre si el Tribunal Electoral puede intervenir y revertir las decisiones de los juzgados que ordenan detener la elección.
