Susana Pérez Cadena, responsable de los censos Agropecuarios y Económicos del Inegi, declaró durante una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se tuvo que pagar al crimen organizado derecho de piso para realizar el estudio de 2022.
Detalló, que entre los obstáculos para desempeñar la labor estuvo la inseguridad, por lo que tuvieron que contratar a personas conocidas por los criminales para adentrarse a ciertos lugares.
