Un juez federal echó abajo el caso de la concesión del tramo Viaducto Bicentenario a la constructora OHL (hoy Aleática) en el Estado de México, por el que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos.
Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó la no vinculación a proceso a los siete acusados, y ordenó a la FGR sobreseer o cancelar en forma definitiva la investigación, porque no existen elementos de delito.
Aunque afirmó que no existe una concesión federal para el Viaducto Bicentenario, el juzgador concluyó que la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reconoció en un oficio del 29 de junio de 2023 que sí otorgó en 1983 al Gobierno del Estado de México el derecho para explotar el tramo carretero que luego éste concesionó a OHL-Aleática.
También aceptó que, por el hecho de que ninguna autoridad judicial ha decretado su nulidad, sigue vigente el convenio que suscribió el 1 de octubre de 2020 la SICT con el Gobierno del Edomex, en el que la primera convalida la legalidad de la concesión de las autoridades estatales a la empresa que construyó la obra vial.
“Hay un título de concesión, hay un convenio que convalida una concesión no autorizada por la autoridad federal. ¿Sorprendente? ¡Claro que es sorprendente! Pero no deja de tener alcance jurídico el convenio”, expuso el juez.
“Quizá fueron irregulares –como dijo la Fiscalía–, quizá estuvieron confabulados, a lo mejor es cierto, pero no puedo decir eso porque debo respetar el principio de presunción de inocencia”.
La FGR propició este revés judicial porque fue la que ofreció como datos de prueba tanto el convenio de 2020 como el oficio de 2023, documentos que el juez estimó que sustentan la legalidad de la concesión.
Por lo anterior, el juez concluyó que no existen datos de prueba para acreditar los delitos de asociación delictuosa y explotación de un bien de la Nación en contra de Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y ex director general de OHL, respectivamente.
Tampoco existen contra Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, ex secretarios general de Gobierno y de Movilidad; así como Jorge Joaquín González Bezares, director general de la Junta de Caminos, y Alberto Tomás Angulo Lara, director federal en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Estado de México.
En el caso de González Bezares, quien también fue imputado por usurpación de funciones, se determinó que sea un juez de la Ciudad de México el que resuelva si debe ser procesado sólo por ese delito, al tratarse de un ilícito del fuero común.
