La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está evaluando las opciones legales después de que un juez de Boston, Massachusetts, desestimara una demanda presentada por el gobierno mexicano contra varias armerías estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha comunicado que se están considerando tanto una apelación como la posibilidad de llevar el caso a otras cortes.
La SRE informó que la demanda de México en Boston aún sigue en curso contra dos empresas: Smith and Wesson e Interstate Arms. La reciente decisión del juez federal Dennis Saylor no afecta la acción legal contra estas dos compañías ni exime de responsabilidad a las otras seis empresas involucradas.
«La demanda de México en Boston continúa en contra de dos empresas: Smith and Wesson e Interstate Arms. Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas,» aclaró la cancillería en sus redes sociales.
El juez Saylor desestimó la demanda de 10 mil millones de dólares del gobierno mexicano, que acusaba a las armerías de facilitar el tráfico de armas hacia México, donde terminan en manos de los cárteles de narcotráfico. El juez argumentó que la conexión jurisdiccional de las empresas con los daños alegados era «mínima en el mejor de los casos».
Saylor señaló que la administración de López Obrador no había demostrado que cualquier arma de fuego vendida específicamente en Massachusetts había causado daños directos en México. Aunque el gobierno mexicano sostenía que estadísticamente era probable que algunas armas vendidas en ese estado fueran traficadas ilegalmente a México, esto no fue suficiente para el juez.
Las empresas que han sido desvinculadas por parte del juez son: Sturm, Ruger & Co., Glock, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Company, Century International Arms, y Beretta USA.
Próximos pasos
Ante esta situación, la SRE está revisando las opciones legales disponibles. Entre las alternativas se encuentra la posibilidad de apelar la decisión de Saylor o trasladar la demanda a otras cortes donde podrían tener más éxito en sus reclamaciones.
El gobierno de López Obrador continúa comprometido en su lucha contra el tráfico de armas, buscando responsabilizar a las armerías estadounidenses que facilitan la entrada de armas a México y que contribuyen a la violencia y criminalidad asociadas con los cárteles del narcotráfico.
Esta acción legal es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la violencia armada y mejorar la seguridad pública en el país.
