Por unanimidad, el Congreso mexiquense solicitó al presidente municipal de Ecatepec, Luis Fernando Vilchis Contreras, gire instrucciones para que la Dirección de Seguridad y Tránsito Vial y Oficialías Calificadoras replanteen sus protocolos y procedimientos respecto a la presentación, juicio y sanción de la ciudadanía por actividades de baja o claramente nula gravedad que no generan un impacto en el orden público o tranquilidad de terceras personas.
Lo anterior derivado del Informe del alcalde correspondiente a 2022, en el cual reporta que 24 mil 65 personas fueron remitidas a las oficialías mediadoras, conciliadoras y calificadoras por haber cometido alguna de las faltas administrativas establecidas en el Bando Municipal.
Adicionalmente, el informe de las Oficialías Calificadoras reporta 27 mil 631 casos de arresto e infracción por incurrir en diversos supuestos de falta.Sin embargo, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil advierten que la mayoría de estas infracciones derivan de actividades con baja o nula afectación al orden público y tranquilidad de terceros, y a pesar de ello, personal de seguridad pública arresta y remite a decenas de vecinos que buscan enmendar alguna falla en su propiedad, dar mantenimiento a sus árboles o, ante la falta de una pronta respuesta para solucionar fallas en los servicios públicos, realizar actividades comunitarias.
Es posible, apuntó el parlamentario, que el incremento en las sanciones se derive de una interpretación subjetiva de la amplitud del catálogo de conductas que el Bando Municipal de Ecatepec contempla en su capítulo de sanciones e infracciones, a raíz de su modificación en 2021.
No obstante, expuso, muchos de estos casos no son aislados, se habla de que algunos elementos de su corporación policiaca no se conducen apegados a protocolos de actuación y remiten a cientos de vecinos a las oficialías por arreglar su jardín o podar árboles, por estar pintando la fachada de su casa, o realizar actividades de apoyo a la comunidad, por lo que este llamado busca frenar los abusos de quienes se escudan en la aplicación del capítulo sancionatorio del bando y extralimitan la fuerza y autoridad sobre la ciudadanía.
