Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitieron un fuerte pronunciamiento tras la decisión de suspender labores en la Corte. Este martes, en una sesión privada, ocho ministros votaron a favor de unirse al paro de actividades que mantienen jueces, magistrados y algunos trabajadores sindicalizados. Sin embargo, las tres ministras se opusieron firmemente a esta medida.
En un comunicado conjunto, las ministras recordaron que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que cualquier servidor público que abandone sus funciones incurre en responsabilidad, lo cual puede derivar en un juicio político. Señalaron que no existe fundamento constitucional ni legal que justifique un paro de labores para los integrantes de la SCJN, y que la suspensión de actividades podría ser motivo para su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Batres, Esquivel y Ortiz subrayaron que, según la jurisprudencia de la SCJN, el personal de confianza, incluidos los ministros, no tiene derecho a huelga, y que detener la impartición de justicia es una grave falta que contradice los principios constitucionales.
La postura de las ministras se da en un contexto de creciente tensión en el Poder Judicial, donde las protestas y paros laborales han escalado en respuesta a reformas impulsadas por el gobierno federal. La decisión de los ocho ministros de sumarse al paro ha generado un intenso debate interno sobre los límites de la responsabilidad y la autonomía judicial.
Este conflicto en la SCJN añade un nuevo capítulo a la ya complicada relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en medio de la implementación de reformas que buscan transformar la estructura y el funcionamiento del sistema judicial en México.
