Representantes de las cinco etnias originarias mexiquenses, Mazahuas, Otomíes, Nahuas, Tlahuicas y Matlatzincas, así como de los pueblos afromexicanos y residentes se sumaron al llamado del legislador Max Correa Hernández (Morena) para difundir la propuesta de reforma constitucional entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador en materia indígena para resolver los problemas de marginación, pobreza, exclusión, racismo y discriminación que padecen.
Durante el foro «Propuesta de reforma constitucional en materia indígena y plan de justicia para los pueblos indígenas del Estado de México», en el Congreso local, el diputado Max Correa reconoció que la propuesta emanó de las comunidades a través del consenso, por lo cual es una oportunidad histórica para su aprobación en el marco de la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país.
Ante unos 200 representantes de las comunidades indígenas, el diputado explicó que el Constituyente Permanente, conformado por la Cámara de Diputados federal, la Cámara de Senadores y los congresos locales, debe estudiar el proyecto para su aprobación, por lo que en la entidad se requiere contribuir a su difusión en el Congreso local con los diferentes grupos parlamentarios para lograr su aprobación.
Indicó que actualmente el presidente López Obrador no podría presentar la iniciativa porque faltarían votos para su aprobación debido a que el bloque opositor en las cámaras de diputados federal y de senadores obstaculizan cualquier proyecto que envíe el mandatario, por lo que se debe buscar tener una mayoría calificada.
Iván Ramos Méndez, director de Participación y Consulta del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló que propuesta de reforma ayudará a tener un verdadero estado pluricultural; y Érika Icela Castillo Vega, Magistrada Integrante de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial, subrayó la necesidad de subsanar las desigualdades y armonizar los usos y costumbres con las leyes vigentes.
José David Ruiz Aguilar, indígena Tojol-ab’al de Chiapas, calificó la elaboración de la propuesta como un ejercicio más apegado a una consulta, pues se juntaron más de 630 mil firmas de autoridades comunitarias; y Larisa Ortiz Quintero, miembro del grupo de expertos, compartió que la elaboración del proyecto contó con 54 foros, tres mesas de trabajo en 27 estados, un foro de migrantes en Estados Unidos, un foro nacional, 27 mil participantes, entre ellas 14 mil 349 autoridades indígenas.
Cabe señalar que la propuesta de reforma constitucional, entregada el 28 de septiembre de 2021 al presidente de México y que actualmente está en la Consejería Jurídica, busca que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho púbico; la libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos; los derechos de las mujeres, de la niñez, adolescencia y juventud indígenas, así como el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo afromexicano.
También incluye aspectos de tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas; sistemas normativos indígenas; participación y representación de los pueblos en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales; consulta libre, previa e informada; patrimonio cultural; educación comunitaria, indígena e intercultural; salud y medicina tradicional; comunicación indígena, comunitaria e intercultural; autosuficiencia alimentaria; migración indígena, entre otros temas.
Las personas asistentes enviarán una solicitud a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para una audiencia con los pueblos originarios, comunidades afromexicanas y residentes, con autoridades indígenas comunitarias y tradicionales a fin de impulsar la iniciativa, así como para trabajar en un plan de justicia y desarrollar un foro más amplio.
