Rosaslanda Chávez, quien ha permanecido al frente del área de Comunicación de Xochimilco desde octubre de 2018 a pesar de no contar con preparación profesional, es un ejemplo alarmante de la crisis de ética y competencia que afecta a la administración pública en México. Chávez ha manejado recursos públicos sin rendir cuentas claras, esclareciendo solo 8.3 millones de pesos de los servicios de publicidad erogados en 2019, mientras que entre 2020 y 2023 no especificó el destino de 7 millones de pesos anuales que supuestamente serían para la promoción de las actividades del exalcalde José Carlos Acosta.
Además, Chávez se ha enriquecido significativamente a costa del erario público. Según sus declaraciones patrimoniales de 2021 y 2022, percibe un sueldo anual superior a los 2.8 millones de pesos, más del doble de lo que declara el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. A esto se suma una deuda de más de 25 millones de pesos a diversos medios de comunicación, incluyendo TV Azteca y Multimedios, y este medio Lo + Mx, así como un adeudo adicional de más de 10 millones de pesos por servicios de promoción y difusión de la imagen del alcalde Acosta Ruiz.
La situación de Rosaslanda Chávez revela cómo la falta de meritocracia en la asignación de cargos públicos perpetúa un ciclo de ineficiencia y corrupción. La presencia de personas sin la capacidad necesaria en puestos clave resulta en decisiones mal informadas y en un mal manejo de los fondos públicos, como lo demuestra la opacidad en el uso de los recursos destinados a la promoción del alcalde. Este tipo de abuso de poder no solo desvía recursos, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
La acumulación de deudas y los ingresos desproporcionados de Rosaslanda Chávez son indicativos de un patrón de abuso del poder. La situación de Javier Rosaslanda Chávez es un reflejo del deterioro institucional en la administración pública, donde la incompetencia y la corrupción prevalecen sobre la transparencia y el servicio público, con consecuencias graves para la legitimidad del gobierno y la confianza ciudadana.
