Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, desmintió las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre presiones para el paro de labores que se lleva a cabo en protesta por la reforma judicial propuesta por el mandatario.
En una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Aguayo Bernal subrayó que ni jueces, magistrados ni ministros están influyendo en la decisión de los trabajadores del PJF de llevar a cabo este paro. “Todos los trabajadores estamos realizando esta acción de manera convencida, por nuestro propio criterio. No estamos siendo presionados ni manipulados”, afirmó.
La vocera explicó que el paro, que hasta ahora ha sido respaldado por trabajadores en 16 estados, es una respuesta a lo que consideran una afectación a sus derechos laborales y a la integridad del sistema judicial en México. “Hemos analizado a profundidad la reforma y consideramos que no resolverá los problemas actuales de la justicia en el país. Esta reforma, lejos de beneficiar la impartición de justicia, pone en riesgo nuestros derechos laborales”, aseguró.
Actualmente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) está llevando a cabo una votación para oficializar el paro de labores a nivel nacional a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto.
El presidente López Obrador, quien ha criticado la protesta, argumentó que los trabajadores están en su derecho a hacer huelga, pero los acusó de ser “paleros” de la corrupción en el Poder Judicial. En respuesta, Aguayo Bernal refutó las acusaciones del presidente y cuestionó la veracidad de sus afirmaciones. “El presidente ha lanzado un mensaje de odio durante estos seis años, pero hasta ahora no hay pruebas que respalden sus acusaciones de corrupción generalizada en el Poder Judicial”, manifestó.
Aguayo Bernal también advirtió que el discurso del presidente podría derivar en agresiones hacia jueces, magistrados y ministros. “No hay un solo acto de corrupción probado en este momento. Generalizar y afirmar que todo el Poder Judicial es corrupto es una gran mentira”, concluyó.