Diputadas y diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia acordaron convocar a representantes del Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia para que fortalezcan las iniciativas de reforma al Código Penal que plantean endurecer las penas en contra de quienes audiograbe, envíe comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos relacionados con una investigación penal.
En sesión de trabajo para dar continuidad al análisis de las propuestas presentadas por separado por la legisladora Luz Ma Hernández Bermúdez (Morena), María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, consideraron necesarias sus participaciones para evitar que el decreto sea invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con la reforma aprobada por la anterior Legislatura.
La legisladora María Luisa Mendoza, coordinadora legislativa del PVEM, indicó que la iniciativa se enmarca en las modificaciones legales conocidas como ‘Ley Ingrid’, en tanto que la parlamentaria Karina Labastida Sotelo (Morena) y Braulio Álvarez Jasso (PRI), se pronunciaron por un dictamen que evite su revisión de constitucionalidad.
Ambas iniciativas proponen hasta diez años de prisión por este delito, y que se aplique contra cualquier persona que incurra en ella, mientras que el Código Penal vigente señala que el delito se presenta cuando lo comete algún elemento de los cuerpos de seguridad de la entidad.
