Aunque el Congreso aprobó la legislación secundaria para regular la elección del Poder Judicial, varios aspectos clave quedaron en manos del Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los temas pendientes destacan la fiscalización de recursos, la capacitación electoral, la integración de mesas de casilla y la asignación de tiempos en radio y televisión. Estos detalles deberán resolverse a través de lineamientos y acuerdos emitidos por el organismo electoral.
Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley de Medios de Impugnación, fueron aprobadas por Morena y sus aliados. Estas leyes establecen el calendario y los pasos para este proceso electoral inédito en México, aunque muchas de las responsabilidades recaen ahora sobre el INE, que deberá ajustarse a las nuevas disposiciones.
Durante un diálogo con diputados el pasado 30 de julio, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, planteó varias de estas preocupaciones en relación con la reforma judicial, subrayando la necesidad de respuestas claras sobre varios aspectos técnicos y logísticos del proceso.
Rediseño de la cartografía electoral
Uno de los retos más importantes es la redefinición de la cartografía electoral, que actualmente está dividida en 300 distritos electorales. Sin embargo, esta división no se alinea con la estructura del Poder Judicial, por lo que será necesario trazar una nueva distribución territorial basada en la elección de jueces y magistrados.
De acuerdo con la legislación, en diciembre de este año, el órgano de administración judicial deberá enviar al INE la nueva división del territorio nacional por circuito judicial o circunscripción, especificando las entidades federativas que abarcarán y los cargos a elegir. Entre los cargos que estarán en juego se incluyen los de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación, los Juzgados de Distrito y las salas regionales del Tribunal Electoral.
Posteriormente, la Junta General Ejecutiva del INE será la encargada de elaborar un plan de coordinación en materia de organización electoral. Este plan definirá los órganos locales y distritales que participarán en la organización de la elección y detallará los procesos de cómputo de los resultados.
Elección de magistrados y ministros
A nivel nacional, el INE tendrá la responsabilidad de organizar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y los cargos del nuevo tribunal de disciplina judicial.
Fiscalización y campañas con restricciones
En cuanto a la fiscalización de los recursos, la reforma constitucional estipula que los candidatos a estos cargos no podrán recibir financiamiento público ni privado para sus campañas. Esto representa un reto adicional, ya que el INE deberá garantizar que los recursos utilizados sean transparentes y se ajusten a las normativas, sin permitir el ingreso de fondos que puedan comprometer la imparcialidad del proceso.
Esta elección histórica, con nuevas reglas y desafíos, se perfila como una prueba para el INE, que deberá adaptarse rápidamente a este nuevo marco legal y garantizar un proceso limpio y eficiente en un contexto político y judicial sin precedentes.
