Ayer inició y hoy continuará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis sobre la permanencia de la Prisión Preventiva Oficiosa.
Es un tema que se volvió más controvertido y polémico a partir de las reformas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó en el año 2019 para agregar una veintena de delitos a la lista de los que la ameritan.
La Prisión Preventiva Oficiosa significa que los jueces pueden y deben encarcelar a cualquier persona que no goce de fuero constitucional, o sea, a la inmensa mayoría de la población, por el simple hecho de que tengan conocimiento de que la persona pudo haber cometido uno de los delitos de esa larga lista, que va desde la violación hasta el fraude electoral, y mantenerla privada de su libertad sin que haya juicio ni condena, durante un tiempo indefinido.
Y así ha sucedido. A lo largo de su mandato se ha incrementado el número de personas recluidas sin haber tenido el derecho a un juicio justo ni haber sido sentenciados, sobre todo del fuero común, mientras ha disminuido la población encarcelada por delitos del fuero federal.
Según los propios datos que obran en el cuarto informe de AMLO, más de la mitad de las 29 mil personas que ingresaron a las cárceles durante su gobierno no tiene todavía juicio ni sentencia. Están ahí de manera oficiosa.
Incluso se ha trasladado a presos del fuero común a cárceles federales para aliviar la problemática que deriva de la sobrepoblación en los centros penitenciarios, bajo el argumento de recuperar y dignificar a las cárceles mexicanas.
Otro absurdo, porque en sus interiores siguen prevaleciendo los autogobiernos, la corrupción y la colusión de autoridades con reos de alta peligrosidad.
Los argumentos de los ministros de la Suprema Corte son contundentes, comenzando por su presidente, Arturo Fernando Saldívar Lelo de Larrea: la mayoría de las personas sometidas a este tipo de prisión son de escasos recursos.
En diversas ocasiones ha afirmado que aplicar la prisión preventiva oficiosa es “una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza”.
Encima ha hecho el contraste de que “se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa… pero la violencia en el país no cede ni tampoco la inseguridad”.
López Obrador argumenta, en forma contradictoria, que su gobierno está buscando liberar a los inocentes que se encuentran presos, pero al mismo tiempo se opone a que los ministros resuelvan en contra de la permanencia de la prisión preventiva oficiosa, que de entrada cambiaría la vida de miles de personas pobres que se encuentran recluidas, pero Andrés Manuel no lo entiende así.
En el fondo, sería un revés para las reformas que su gobierno impulsó y que aprobaron todos los partidos políticos en el Congreso y un desacato a la voluntad presidencial, por parte de los ministros, particularmente de los que él mismo propuso y esperaba siempre estuvieran de su lado.
Para AMLO, él es la viva representación del pueblo, él es el pueblo, pues. Y estar en contra o tener una opinión diferente a la suya es estar en contra del pueblo.
A la vista de su queja contra los ministros, AMLO se está convirtiendo en una especie de Luis XIV, quien dijo “El Estado soy yo”, pero populista, es decir, parafraseando, diría “El pueblo soy yo”.
Y para iniciados
Mónica Boggio Tomassaz Merino, jefa de la oficina de la gubernatura, cuya experiencia en la administración pública se resume en menos de dos líneas de una cuartilla, y responsable de los desatinos en el presupuesto de Egresos cuando fungió como subsecretaria y secretaria de Hacienda del gobierno local, ahora busca echar la bolita al poder Legislativo sobre lo que ya se asoma como una complicada discusión y difícil aprobación del próximo presupuesto estatal.
Se nota que no tienen la más mínima idea de lo que significa un modelo consensual en la gestión pública de una democracia. Pero ese es el gobierno por el que la gente votó en el 2018.
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