El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, enfrenta una intensa disputa política mientras busca influir en la renovación de la Fiscalía General del Estado (FGJNL), en medio de acusaciones de presunto desvío de recursos públicos y confrontaciones abiertas con los poderes Legislativo y Judicial.
La Fiscalía de Nuevo León, que hasta ahora ha mantenido su autonomía, ha iniciado investigaciones en torno a García, enfocándose en supuestas triangulaciones de fondos a través de empresas factureras, algunas de las cuales estarían vinculadas a organizaciones criminales, según un reporte reciente de la revista Proceso. En concreto, se menciona una posible conexión con el cártel de los Beltrán Leyva, lo que ha intensificado las tensiones políticas en la entidad.
A pesar de las acusaciones, García ha rechazado categóricamente los señalamientos, calificándolos de filtraciones manipuladas por sus adversarios políticos. En sus declaraciones, ha señalado a lo que denomina «la vieja política» —en referencia a los partidos PRI y PAN— como los responsables de orquestar los ataques en su contra, incluyendo el manejo de la Fiscalía desde la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero en octubre de 2022, tras la crisis por el caso de Debanhi Escobar, que conmocionó al estado y al país.
La pugna más reciente por el control de la Fiscalía ha trasladado el conflicto al Congreso local. Con el partido de García, Movimiento Ciudadano (MC), en minoría, el gobernador ha conseguido el respaldo de las bancadas de Morena, PT y PVEM, lo que le otorga 21 legisladores. Sin embargo, la oposición conformada por PRI, PAN y PRD suma también 21 curules, lo que ha generado un bloqueo legislativo que mantiene la situación en un estancamiento total.
Este escenario ha generado incertidumbre sobre el futuro de la Fiscalía y ha puesto en el centro del debate el papel del gobernador en los asuntos de justicia en la entidad. La presión por controlar la institución se ha convertido en uno de los mayores retos para Samuel García, quien además se enfrenta a crecientes críticas por su gestión y su relación con el Congreso y el Poder Judicial.
En este contexto, el futuro de la Fiscalía y la estabilidad política en Nuevo León dependerán en gran medida de cómo se resuelva este enfrentamiento, que sigue siendo uno de los temas más candentes en la entidad.
