La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha iniciado una serie de investigaciones sobre empleados de 35 dependencias del gobierno federal debido a posibles irregularidades en sus bienes y patrimonio declarado en los últimos años. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de la SFP por asegurar la transparencia y la integridad en el servicio público.
Desde la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en julio de 2017, la SFP ha llevado a cabo 234 verificaciones aleatorias de declaraciones patrimoniales y 51 verificaciones de la evolución patrimonial de empleados federales. Estas revisiones buscan identificar inconsistencias en la información reportada por los funcionarios a lo largo del tiempo.
La evolución patrimonial, según la normativa, es el cambio registrado en un periodo determinado en el número de bienes y recursos económicos que posee un servidor público y sus dependientes económicos. Esta información se reporta en la declaración de situación patrimonial e incluye adeudos, ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y otros movimientos.
La SFP tiene la facultad de realizar análisis aleatorios de la evolución patrimonial para detectar cualquier incremento inexplicable o injustificable en el patrimonio de un empleado, en función de sus remuneraciones. Hasta la fecha, más de 300 expedientes de investigación han sido abiertos por posibles irregularidades, de los cuales 151 ya han resultado en sanciones.
Entre las sanciones impuestas, destacan las acciones contra empleados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que incluyen 10 inhabilitaciones, ocho destituciones con inhabilitaciones, 87 suspensiones, 43 amonestaciones privadas y cuatro públicas. También se ha sancionado a un trabajador de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).
Otros expedientes aún en investigación involucran a empleados de la Guardia Nacional (30 casos), el IMSS (41), la Secretaría de Educación Pública (12), Pemex Logística (8), la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural (8), Prevención y Readaptación Social (5), Pemex Exploración y Producción (5), Pemex Corporativo (4) y el SAT (4). Además, hay casos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, las secretarías de Cultura, Salud y Seguridad, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El proceso de verificación aleatoria se realiza mediante un algoritmo que compara las declaraciones patrimoniales más recientes con las más antiguas para identificar variaciones. Si se detectan incongruencias, se procede a una conciliación y, de persistir las inconsistencias, se inicia un procedimiento de investigación que puede culminar en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
Además de las verificaciones aleatorias, la SFP puede iniciar investigaciones basadas en indicios de ocultamiento o incremento injustificable de patrimonio, denuncias de autoridades competentes o resultados de auditorías. El expediente de investigación incluye diversos documentos como recibos de nómina, declaraciones fiscales, contratos laborales, pagos de viáticos y registros de bienes.
Este esfuerzo por parte de la SFP subraya el compromiso del gobierno federal con la transparencia y la lucha contra la corrupción en el servicio público, asegurando que los funcionarios actúen con integridad y rendición de cuentas.
