En una sesión privada realizada este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, por mayoría de votos, suspender sus actividades y sumarse al paro iniciado por trabajadores del Poder Judicial en protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida fue aprobada con el respaldo de ocho ministros, mientras que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, quienes tienen vínculos cercanos con el oficialismo, votaron en contra.
En un comunicado oficial, la SCJN informó que las sesiones de las salas programadas para el miércoles 4 de septiembre, así como la del Pleno del jueves 5 de septiembre, han sido suspendidas. Durante este periodo, se mantendrán únicamente las guardias necesarias, y los plazos procesales quedarán detenidos hasta el lunes 9 de septiembre. Asimismo, el próximo 9 de septiembre, en una nueva sesión privada, el Pleno valorará la situación y determinará las acciones a seguir.
El paro de labores en la SCJN se suma al que mantienen jueces y magistrados desde el 19 de agosto, en rechazo a la reforma judicial que se discute actualmente en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, tras el bloqueo de los accesos al recinto de San Lázaro por parte de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes.
A pesar de la decisión mayoritaria del Pleno, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se ha autodenominado «ministra del pueblo», expresó su desacuerdo con la medida. En un comunicado, Batres criticó que la suspensión de actividades haya sido promovida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), a la que acusó de no tener la personalidad jurídica para impulsar un paro laboral.
El Pleno de la SCJN también rechazó una propuesta presentada por la ministra Batres el pasado viernes, respaldada únicamente por la ministra Esquivel, que buscaba ordenar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la suspensión del paro de labores en el Poder Judicial.
Este conflicto dentro de la SCJN refleja las tensiones que existen en torno a la reforma judicial promovida por el gobierno de López Obrador, la cual ha generado un profundo malestar entre diversos sectores del Poder Judicial, que consideran que la iniciativa pone en riesgo su independencia y autonomía.
