Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) rechazaron regresar a sus actividades el próximo 23 de septiembre, como lo había estipulado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La vocera del grupo, Patricia Aguayo, señaló que la decisión se debe a que los recursos legales contra la Reforma Judicial aún no se han agotado, y además, criticó que los empleados no fueron incluidos en las mesas de diálogo programadas por el CJF.
Durante un mitin en las afueras de la sede del CJF, Aguayo expresó la frustración de los trabajadores, quienes consideran que sus demandas no han sido debidamente atendidas. «Vinimos aquí porque son nuestras autoridades y son quienes deben escuchar nuestros reclamos», declaró, aludiendo a la falta de representación de los trabajadores en las negociaciones. «Aunque incluyeron a dos representantes sindicales, esos líderes no nos han defendido. Esta lucha la estamos llevando a cabo nosotros mismos».
Rechazo a la reanudación del trabajo y falta de representación
El CJF había convocado a una reunión con el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), así como con otros sindicatos y gremios del Poder Judicial, pero los trabajadores del PJF consideran que sus voces no están siendo representadas adecuadamente en esas negociaciones. Según Aguayo, los sindicatos convocados no reflejan los intereses ni las preocupaciones de la base laboral.
El Consejo también emitió la Circular 18/2024, en la que se establece el cese del paro de labores para el lunes 23 de septiembre. Sin embargo, Aguayo y los trabajadores en paro argumentan que esta medida fue tomada de manera unilateral y sin considerar la opinión de quienes están en las trincheras del sistema judicial.
Postura dividida en el CJF
La decisión de levantar el paro no fue unánime dentro del Consejo. La presidenta del CJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, y la consejera Lilia Mónica López Benítez, votaron en contra de la suspensión del paro. Según Aguayo, esta postura mayoritaria «limita el ejercicio de defensa frente a la Reforma Judicial», afectando tanto a los trabajadores como al público que depende de los servicios del Poder Judicial.
Los empleados del PJF, que se han movilizado en diversas ciudades del país, exigen una mayor inclusión en el proceso de diálogo y advierten que no regresarán a sus labores hasta que se resuelvan sus demandas y se les garantice una representación efectiva en las negociaciones sobre la Reforma Judicial.
Este conflicto pone de manifiesto la creciente tensión entre las autoridades del Poder Judicial y sus trabajadores, quienes luchan por defender lo que consideran derechos laborales y garantías institucionales frente a una reforma que, según ellos, pone en riesgo la autonomía y el bienestar del sistema judicial.
