El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la elección de jueces y magistrados por voto popular, programada para 2025, es un mandato constitucional inalterable. Con tres votos a favor y dos en contra, la sala superior determinó que las suspensiones provisionales o definitivas emitidas en juicios de amparo contra la reforma judicial no tienen validez para frenar el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.
Decisión inapelable
La resolución, emitida en sesión pública este lunes 18 de noviembre, subraya que el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades involucradas deben continuar con las etapas del proceso electoral. El magistrado Felipe Fuentes, ponente del proyecto, destacó que la elección de jueces y magistrados es una disposición expresamente establecida en la Constitución, por lo que no puede ser suspendida ni limitada por ningún órgano del Estado.
“La Constitución dispone que en materia electoral no opera la suspensión de actos de autoridad, y las reformas constitucionales no son revisables en este sentido”, argumentó Fuentes.
Posturas divididas
La decisión contó con el respaldo de los magistrados Felipe de la Mata y la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, quienes coincidieron en que el proceso debe avanzar conforme a la normativa constitucional. Soto enfatizó que no se generan incertidumbres adicionales con este fallo, sino que se asegura el cumplimiento de un mandato constitucional.
Por otro lado, los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra, al considerar que la resolución podría aumentar la incertidumbre jurídica y complicar el panorama litigioso en torno a la reforma judicial. Otálora sugirió postergar la decisión hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los expedientes pendientes relacionados con esta reforma.
Efectos de las suspensiones anulados
El Tribunal también declaró que las suspensiones otorgadas por jueces de amparo para frenar el proceso electoral carecen de efecto, reafirmando que la máxima autoridad en materia electoral es el TEPJF. Además, subrayó que ninguna otra instancia puede intervenir o contravenir sus atribuciones en el ámbito electoral.
El magistrado Fuentes explicó que las suspensiones no solo cuestionan el proceso electoral, sino también la legitimidad del órgano reformador de la Constitución, que estableció este mecanismo como parte de una decisión política fundamental.
La elección, prevista para junio de 2025, incluirá 881 cargos de jueces y magistrados, entre los que destacan cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y otros juzgadores del Poder Judicial. Con esta resolución, el proceso continúa en marcha, marcando un hito en el modelo judicial mexicano y en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.
