En una decisión controversial, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la reforma a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que permite la reelección de Alejandro Moreno como su presidente. La votación se llevó a cabo con un resultado dividido: tres votos a favor y dos en contra, lo que garantiza la permanencia de Moreno en el cargo por cuatro años más.
El magistrado Felipe Fuentes propuso asumir la jurisdicción total para decidir sobre la validez de los estatutos, evitando así que el asunto regresara al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Fuentes argumentó la urgencia de resolver la cuestión para proteger los derechos de los militantes y simpatizantes del partido. Esta postura fue respaldada por la presidenta del tribunal, Mónica Soto, y el magistrado Felipe de la Mata.
Previamente, el INE había determinado que no podía pronunciarse sobre la validez de las reformas debido a que se llevaron a cabo cuando aún estaba en curso el proceso electoral, lo cual es ilegal según la normativa vigente. La magistrada Janine Otálora había planteado declarar infundada la impugnación del PRI, subrayando la prohibición de modificar documentos básicos durante el proceso electoral.
Otálora señaló que no se estaba debatiendo la constitucionalidad de los estatutos, sino la aplicación de una restricción legal. Durante su argumentación, destacó que la asamblea del PRI que reeligió a Moreno tuvo lugar solo dos días antes de la calificación de la elección presidencial, lo que podría haber violado el espíritu de la ley.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón apoyó la propuesta de Otálora, advirtiendo que validar los estatutos podría desplazar injustificadamente las funciones del INE y limitar la revisión administrativa de la legalidad de estas reformas. En su intervención, indicó que este tipo de decisiones podría afectar la percepción de imparcialidad del tribunal.
En contraste, el magistrado Fuentes consideró que el INE debió abordar el fondo de la reforma, argumentando que el PRI debería tener la flexibilidad para adaptar sus estatutos sin obstaculizar su participación en procesos electorales.
Finalmente, la presidenta Mónica Soto reafirmó que la reforma que permite la reelección del dirigente del CEN del PRI es legal y se ajusta al marco jurídico, ya que la reelección no está prohibida ni en la Constitución ni en la Ley General de Partidos Políticos, lo que significa que el partido tiene la facultad de autoorganizarse.
