En medio de las elecciones más grandes en la historia de México, con la participación de ciudadanos en los 32 estados, la violencia del crimen organizado se ha convertido en un oscuro protagonista. Desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2023, al menos 28 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido asesinados en actos que incluyen también amenazas, secuestros y ataques armados.
Los datos del Gobierno federal, así como informes de prensa y organizaciones no gubernamentales, revelan que 22 de estos asesinatos han ocurrido en los primeros cuatro meses del año en curso. El informe «Votar entre balas», elaborado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, señala que esta forma de violencia, conocida como político-criminal, es empleada por el crimen organizado como una táctica para influir en la esfera pública de los estados y municipios mexicanos.
La investigadora del programa de seguridad de México Evalúa, Céline González, advierte que desde 2018 los grupos criminales han intensificado el uso de estrategias de violencia selectiva a nivel municipal, lo que impacta directamente en el desarrollo de las elecciones, desalentando la participación tanto de funcionarios de casilla como de votantes debido a la inseguridad. González sostiene que en algunos municipios se ha observado una significativa disminución en la participación electoral entre un proceso y otro, coincidiendo con picos de violencia.
La falta de investigaciones exhaustivas y sanciones adecuadas perpetúa este ciclo de violencia, facilitando a los grupos criminales la implementación de estas estrategias con impunidad.
